En línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en el programa firmado en marzo de este año, el gobierno se encuentra en un permanente intento por reemplazar el financiamiento proveniente del Banco Central, por el mercado local de crédito. Sin embargo, las rondas de licitaciones de deuda realizadas desde entonces han demostrado que no es una tarea fácil. Solo a través de títulos atados a la inflación y de muy corto plazo es que el mercado está dispuesto a prestarle pesos al Tesoro. De lo contrario, los inversores perciben el riesgo que implica tomar deuda de un gobierno debilitado, sin plan económico y con desequilibrios macroeconómicos que se perciben insostenibles.
Evidencia de esto fue el mes de abril, donde el Ministerio de Economía intentó estirar plazos y reducir el porcentaje de bonos CER colocados, ante lo cual el mercado respondió de manera clara y directa, dejando al gobierno sin cubrir la totalidad de los vencimientos por primera vez desde agosto del año pasado. El resultado final del cuarto mes del año fue una participación de bonos atados a la inflación del 50%, cuando en marzo había sido de 75%, dando como resultado una tasa de Roll-Over del 90%, siendo que los meses previos promediaban el 150%.
Luego, en la primera licitación de mayo se intentó un procedimiento similar, pero para evitar repetir los resultados del mes anterior, el Tesoro ofreció a los bancos un bono encajable. Es así que se consiguió colocar un total de $466.000 millones de pesos a tasa fija a 2027, algo difícilmente alcanzable si no fuera por el nuevo incentivo ofrecido. Posteriormente, en la última licitación realizada hasta el momento, el panorama volvió a ser conocido: bonos CER a mayo 2023, junto con bonos a descuento con vencimiento previo a noviembre de este año, logrando elevar nuevamente la tasa de Roll-Over hasta el 108% mensual, acumulando un financiamiento neto positivo en el año de $648.000 millones de pesos.