Alquileres: el impacto negativo de la ley
La Ley de Alquileres sancionada a mediados de 2020 y cuyo reemplazo no avanzó en el Congreso, sigue impactando de manera negativa en el precio de los alquileres. El año pasado subieron, por tercero consecutivo, más que la inflación.
En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se incrementaron 98% durante 2022, cuando las proyecciones moderadas marcan que la inflación terminaría ese año en alrededor de 95%. Así, los alquileres estuvieron por encima del registro inflacionario más elevado de los últimos 30 años.
La realidad no cambia en el interior del país. En Córdoba se observan aumentos del 115% en la comparación del 2022 con el 2021 y los datos preliminares de Rosario la ubican al mismo nivel que la inflación para el año pasado.
La del 2022 no resulta una situación aislada, ya que por tercer año consecutivo los alquileres registraron incrementos por encima de la inflación. La primera medición con este comportamiento fue la del 2020 y coincide con la sanción de la Ley de Alquileres.
La dinámica contrasta con la realidad previa a esa norma, ya que tanto en 2019 como en 2018 los alquileres se movieron “significativamente” por debajo de los registros inflacionarios.
En los 30 meses transcurridos desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres la inflación acumulada fue de 250%. En ese periodo, el aumento de los alquileres en los principales centros urbanos fue de entre 40 y 70 puntos porcentuales por encima de ese nivel.
Para la elaboración del informe se tomó como referencia al Índice de Precios al Consumidor nacional del INDEC, actualizado al cierre de 2022 de acuerdo a las mediciones de alta frecuencia publicadas por SEIDO.
Para los alquileres se tomó de referencia el precio promedio de un departamento de dos ambientes publicado por Zonaprop. Para Rosario y Córdoba se proyectó diciembre de 2022 de acuerdo al Índice para Contratos de Locación promedio del mes.
El estudio fue realizado por Fabio Ezequiel Ventre, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba y Martina González, investigadora de la misma institución.
