Dentro del plan reestructuración que lleva adelante el Gobierno, mediante el Decreto 70/25, se disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación. De esta forma se elimina una dependencia que, según se ha informado, llevaba meses inactiva y traslada parte de sus funciones a la Secretaría de Obra Pública.
La pregunta que se plantea es si en esa decisión no se ha considerado la instrumentación de una política de vivienda consecuente con el ordenamiento urbano.
Desde Cavera, su presidente, Ricardo Andino, admitió que la Secretaría había perdido facultades relevantes, cuando, por ejemplo, a fines de los ’90 se resolvió la transferencia de los recursos del FONAVI a las provincias, en forma automática y de acuerdo con una tabla porcentual. Y luego, durante esta administración presidencial, agregó más pérdida de competencia cuando se derogaron varios fideicomisos referidos a planes de viviendas, entre otros y principalmente, el PROCREAR.
Sin embargo consideró que la política de vivienda de un país no se agota, ni puede ni debe agotarse en la mera administración de fondos, por más importante que pueda considerarse tal tarea.
“La vivienda y el hábitat en general exceden el tema patrimonial. Todo país, y el nuestro no hace excepción, requiere de un ordenamiento urbano, sino centralizado, al menos consensuado con las jurisdicciones locales a quienes constitucionalmente corresponde el uso del suelo y la construcción inmobiliaria”, apuntó
Y agregó que aun cuando se considere que el Estado debe dejar de ser constructor, las medidas de fomento, de apoyo y de equilibrio que el caso requiere, incluido aquellas que no se limitan a la mera compra de viviendas, como por ejemplo, la locación, exigen un organismo capaz de poseer toda la información, la competencia y la dotación de personal especializado para desarrollar tan importante función
Sobre ese aspecto puntualizó: “Sabemos que la Secretaría de Obras Públicas está pensando en un ente específico y transitorio para analizar y llevar adelante la problemática de las viviendas en construcción y/o paralizadas (que son realmente muchas) que se encontraban en el área de la disuelta Secretaría de Vivienda.
De ahí que CAVERA acaba de solicitar una urgente audiencia al secretario de Obras Públicas de la Nación para imponerlo del punto de vista de la institución y de los problemas que requieren inmediata atención. “Pero sobre todo para interiorizarnos de las medidas que desde los poderes públicos se arbitrarán para dotar al país de un área gubernamental capaz de diseñar, administrar y ejecutar una imprescindible política de vivienda para la Nación”, precisó Andino.
Por su parte, Gustavo Llambías, vicepresidente de la AEV, apuntó: “En lo formal, creo que es parte de la reorganización del Estado que está haciendo el Gobierno y, en ese sentido, creo que es una decisión válida.
Con respecto a la política de vivienda, consideró: “Creo que el gobierno está muy activo con lo más relevante, que es bajar la inflación y reconstruir las condiciones para que el sector privado pueda abastecer de soluciones a las familias argentinas que, por otra parte, necesitan de una economía que crezca y mejore sus ingresos, para poder acceder a crédito del sector financiero privado. A todo esto no se lo suele llamar “política de vivienda”, pero es sin dudas lo más relevante para tener resultados efectivos, asunto en el que el Estado nunca ha sido eficiente en el pasado”.
Pero también señaló que es cierto que en todos lados donde el sistema económico funciona y no hay dificultades generalizadas para el acceso a la vivienda, existen sistema de apoyo a un porcentaje pequeño de la población de menores recursos. “Son temas que habrá que considerar para Argentina también, pero hoy está claro que el foco del Ejecutivo está puesto en lo general”, resaltó.
Damián Tabakman, presidente de la Cedu, fue conciso: “No lo veo como falta de política de vivienda. De hecho, el gobierno hizo mucho para el sector como la ley de alquileres y el regreso del crédito hipotecario. Creo que la disolución obedece a que era una Secretaría armada para un estado constructor, que ya no está”.